Publicación: 27 de noviembre de 2020
Autoría: Teusaradio
Era el año 2012 y mientras el mundo se sumía en oscuros presagios del horóscopo, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en ese momento, acababa de embarcarse en el Proceso de Paz con las FARC. Dicho proceso se convertiría en un acontecimiento con una trascendencia sin igual en el país, que además dejaría en el aire la necesidad de pensar, como siempre desde la política tradicional, cómo «regular» el comportamiento ciudadano en un país que en un futuro no muy lejano llegaría a un idílico estado de postconflicto.
Desde ese mismo año y bajo el escudo y la espada de uno de los principales y más prolijos alfiles del gobierno en materia de seguridad, el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, comenzaría una carrera por modificar el código de policía, que se encontraba vigente desde 1970. Cabe destacar que desde mucho antes se venían presentando intentos de modificar el código, dado que el realizado en el 2012 sería el vigésimo desde la entrada en rigor del antiguo código, el cual, de por si, había recibido una gran cantidad de modificaciones, incluso en la primera década de su funcionamiento.
Bajo el amparo de este anacronismo legislativo que representaba un código de policía tan longevo y con argumentos que pasaban por la necesidad de hacer eco de la constitución del 91, acercarse a los cambios sociales y tecnológicos de los nuevos tiempos o “la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana”, en el año 2014, luego de ese primer intento fallido, llegaría por fin al Congreso un proyecto de ley que lograría unir sectores políticos pretendidamente disímiles, pero al fin y al cabo afines al oficialismo de la época.
En el senado el proyecto duró casi dos años, mientras que en la cámara de representantes aún es recordada la olímpica maniobra de ‘pupitrazo’ que llevó en 2016 a que el proyecto se votara ‘en bloque’ para su aprobación exprés sin que la mayoría demostrara el más mínimo interés de discutir en profundidad los artículos del proyecto, al cual desde entonces se le notaban los visos de represión y arbitrariedad.
Nada más terminar el periodo pedagógico que comprendió de enero a junio de 2017, el código de policía comenzó a mostrar, materializadas en la realidad, todas esas suspicacias que había generado en el debate legislativo.
Por ejemplo, de acuerdo al informe ‘El Código de Policía y su impacto en la convivencia’ elaborado por la Fundación Ideas Para la Paz, FIP, en el primer año y medio de implementación del código se aplicaron 2 millones de medidas correctivas, más del 40% de las cuales corresponden a multas; mostrando el carácter, en su mayoría económico, de las sanciones.
A esto le sumamos que la mayoría de las multas las terminan pagando los establecimientos comerciales, los cuales acusan mayores riesgos sancionatorios en caso de mora, como resalta el mismo informe de la FIP.
Ese dinero proveniente del pago de multas es transferido al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), el cual está a disposición de las administraciones distritales y municipales para fines de “cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad”, como reza la norma.
Pero eso sí, solo un 60% del total recaudado es lo que corresponde a estos nobles menesteres, luego a ese sesenta le quitamos el 15% (que deben girar las administraciones distritales/municipales a la Policía para el mantenimiento del Registro Nacional de Medidas Correctivas) y el 40% restante para “la materialización de las medidas correctivas”.
No es de extrañarse que la masificación de las acciones sancionatorias del código de policía, sumado a las irrisorias inversiones, como las que ha denunciado el senador Wilson Arias, que se realizan desde el gobierno nacional a la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, despierten cierta incomodidad.
“(El código de policía anterior) sí merecía una actualización y una reforma muy importante, lo preocupante, es que en la discusión que se dio en ese momento se creyó en regular los comportamientos ciudadanos y del espacio público a través de la multa”, dice Alejandro Lanz de Temblores ONG, una organización social que se ha encargado de recopilar y registrar los diferentes reportes de violencia policial que se presentan en el país.
“Esto por un lado respondía a una preocupación muy importante que es que la policía tenía un poder de discrecionalidad muy alto al momento de interactuar con la ciudadanía en la calle. Este código quiso decir: vamos a regular cada comportamiento ciudadano en la calle para que evitemos, por un lado, la corrupción de la policía, la arbitrariedad y que cualquier comportamiento que viole la convivencia tenga un comparendo”, puntualiza Alejandro.
Esa discrecionalidad la entendemos en las calles como la capacidad que tiene un agente de policía para aplicar su juicio y determinación en la aplicación de las medidas coercitivas. Un punto en extremo paradójico cuando lo que se buscaba era reducir la arbitrariedad de las decisiones policiales.
Arbitrariedad que nos ha llevado a los escenarios más absurdos de la acción represiva como la infame multa por comprar una empanada en la calle. No en vano hasta los mismos promotores de la reforma al código como el congresista Germán Varón, a reconocer que la «la plata de la capacitación a la Policía, se perdió».
“Por un lado, nosotros hemos tenido una serie de violencias que se superponen, la violencia del narcotráfico, de los grupos ilegales, de estructuras paramilitares, de la guerrilla, precisamente la violencia urbana que se vive, la delincuencia etc. Con ese tipo de violencias que se superponen, a la policía se le ha venido poniendo muchas responsabilidades en términos de control, con el narcotráfico y con la presencia de grupos armados ilegales, en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Eso va fortaleciendo la idea de la necesidad de la policía, y de tener un Estado cada vez más policial”, nos dijo la representante a la cámara María José Pizarro.
La policía de Colombia, así como el país al que busca supuestamente corresponder el código, ha sufrido constantes cambios de acuerdo a los episodios más significativos de las múltiples violencias en nuestra historia: la violencia bipartidista, el narcotráfico, la lucha guerrillera, las exigencias del plan colombia, entre muchos otros.
“Esa policía que se formó en la escuela de Las Américas tiene una doctrina contrainsurgente y del enemigo interno«, decía la concejala Heidy Sánchez en el control político sobre la represión en las protestas del 9 y 10 de septiembre, cuando murieron 14 personas por disparos de la policía en Bogotá y Soacha.
“Muchos policías han sido entrenados y educados para ubicar al pueblo colombiano como un enemigo, ratificar su autoridad sobre la ciudadanía mediante el uso de la fuerza», afirmaba Sánchez en su intervención.
Ese cuerpo de defensa que ha actuado bajo circunstancias tan diversas a lo largo del tiempo, simplemente tiende a fortalecerse bajo el amparo de la inversión gubernamental. Casi como si la acción represiva policial fuese, como lo hemos visto en las declaraciones del Presidente Iván Duque y el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, la única muestra incontrovertible de la presencia estatal.
Pero el problema es mucho más de fondo si además de reconocer el acervo militar de la policía colombiana, nos damos cuenta cómo la institución se convierte también en el faro moral que define los valores nacionales a defender, también como parte de su oficio represivo y coercitivo.
“Nosotros sí creemos que hay un problema que además afecta de manera diferenciada a ciertos grupos sociales”, dice Alejandro Lanz de Temblores.
Bajo una lógica represiva de búsqueda y control del “enemigo interno” fácilmente el significado de la palabra «regular» puede mutar hasta ser empleada para justificar la normalización de la violencia y perpetuar la marginación y el rechazo a la diversidad.
Al respecto el informe ‘Cuando autoridad es discriminación’ elaborado por la Defensoría del Pueblo en el año 2018 menciona:
De esta forma, en el abuso policial suele asumirse “que la víctima ha transgredido las normas de género aceptadas”, y ello –desde la perspectiva del agresor- justifica actuar en su contra por considerar equivocadamente sus preferencias desviadas. Así, la agresión cumple una función “correctiva” o “normalizadora” en apariencia legítima.
Vemos una vez más en aquella eufemística -discrecionalidad de la fuerza- cómo el agente del orden apunta directamente a lesionar no sólo el cuerpo físico, sino también el cuerpo político con la intención de lesionar la identidad.
“(La policía) atenta contra los cuerpos de estas personas que hacen de su género toda una construcción identitaria, impactando contra los glúteos y los senos de las mujeres trans”, denuncia Temblores ONG.
El informe menciona que la violencia de uniformados a personas trans “no se reduce a aquellos escenarios de abuso de autoridad o de uso excesivo de la fuerza. se trata de patrones que reproducen diferentes tipos de violencias y que están fundados en un prejuicio social hacia la orientación sexual de lesbianas, gais, bisexuales o la identidad de género de mujeres y hombres trans”.
La lista de asesinatos de personas trans es larga, nombres como Shantall Escalona, Ariadna Barros, Luiza Rincón de Mocoa, Carolina Brown de Barranquilla, Mateo López, Alejandra Monocuco, un nombre tras otro, historias y luchas que develan la violencia estructural y transfóbica con la que tienen que convivir a diario simplemente por dejarse ser, asumiendo su rebeldía como una postura política, como disidentes sexuales, desde su corporalidad y género. Sin duda, se podría decir que ser trans en Colombia es una condena, acoso, exclusión y muerte,“seguimos sin existir en vida y eso es más complicado cuando morimos”, menciona Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.
Según datos que recoge Cerosetenta, entre 1999 y 2020 se han registrado 35 muertes asociadas a acciones del ESMAD. Tan solo en el 2020 entre el 25 de marzo y el 9 de septiembre murieron 20 personas por disparos o golpes de la policía. Todo esto sin mencionar aún la cruenta jornada del 9 de septiembre cuando 14 personas que se manifestaban contra la brutalidad fallecieron por disparos de armas de fuego accionadas por miembros de la policía.
Este marco de abuso, impunidad, violencia y desconfianza describe la imperante necesidad de una reforma que modifique de fondo el carácter militarista y político de una policía pensada para actuar con impunidad y juzgarse a sí misma.
“Los datos que el mismo Estado tiene porque estos son datos que reposan en Medicina Legal, son datos que nos permiten analizar que este no es un problema de unas cuantas personas que cometen delitos dentro de la institución o que utilizan el uniforme y a la fuerza pública para delinquir, sino que existe un problema estructural al interior fuerza pública para cometer delitos y perpetuar además la violencia contra las víctimas cuando estas van a acceder a la justicia”, en palabras de Alejandro Lanz.
Por eso, en ausencia de cifras oficiales y transparencia, el trabajo de las organizaciones sociales y medios alternativos que cumplen una importante función de archivo y memoria es fundamental como contrapeso al silencio oficial.
Exprimiendo los pocos datos oficiales, triangulando las cifras con las publicadas diferentes gubernamentales, haciendo entrevistas desde todas las perspectivas, poniendo el enfoque en las víctimas y en acciones efectivas que les permitan manifestarse. Así funciona la comunicación alternativa en alianza con la sociedad civil.
“Son 3 proyectos de ley que están cursando en el Congreso, uno busca regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el ESMAD en contextos de manifestaciones. El otro presentado por la mayoría de los y las integrantes de la bancada alternativa busca reformar la Ley 62 de 1993 para fortalecer el carácter civil de la Policía, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos y fortalecer el control externo. Y otro presentado con la iniciativa de Inti Asprilla, que trata de editar las medidas para prevenir y sancionar el abuso en la actividad policial, garantizando todo lo que viene establecido en la Constitución Política, en materia de derechos ciudadanos, el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales”, contó Heidy Sánchez a través de Facebook live.
Un cambio de rumbo es una tarea muy difícil para las fuerzas sociales y políticas del país. Tratándose de una institución que además de ser penalmente intocable también es absolutamente inexpugnable para sus víctimas, dado que cualquier crítica hacia la fuerza se termina percibiendo por antonomasia como una afrenta contra los valores definitorios del mismo Estado.
Pero no hay peor tarea que la que no se hace y quedarse de brazos cruzados no es una opción para la sociedad civil que sufre la represión en lo amplio de su diversidad.
“Hasta que nosotros no tengamos o no podamos discutir o materializar este tipo de cambios, definitivamente el país va a seguir dirigido por sectores políticos que no pierden poder, sino por el contrario, cada cuatro años refuerzan su poder, tanto en lo local como en el nivel nacional”, desde la óptica de María José Pizarro.
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