Publicación: 26 de Abril 2022
Autoría: Nico Edwards
Este jueves, el 28 de abril, se cumple un año del primer día del estallido social, cuya chispa fue la pretendida reforma tributaria de Iván Duque, y que suscitó debates sobre la justicia social, la violencia policial y los derechos humanos a lo largo del país. Haciendo memoria del uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional durante el paro nacional en 2021, es necesario preguntarnos de dónde vienen las armas y el equipo usado en el control de las manifestaciones a lo largo del país.
En junio de 2021, Human Rights Watch (HRW) pudo confirmar 68 muertes (aunque otras organizaciones presentan un número más grande) ocurridas durante el paro nacional entre el 28 de abril y el 20 de mayo del mismo año. De estas, 31 fueron manifestantes o espectadores y entre ellas al menos 20 fueron asesinadas por la Policía y cinco por civiles armados.
Entre los casos mortales sucediendo durante el paro, Cuestión Pública confirma que 16 personas murieron por impacto de bala, dos por asfixia producto de gases lacrimógenos, una por ahogamiento, una por impacto de bomba aturdidora y otra por impacto de gas lacrimógeno. Además, HRW anuncia al menos una muerte por “paliza” y una por las nuevas armas Venom, cartuchos de ruido o “flash bang”.
Aparte de los casos mortales, más de 100 personas sufrieron traumas oculares debido al actuar violento de las Fuerzas de Seguridad colombianas, particularmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Preguntándonos de dónde vienen los equipos que acompañan este uso desmedido de la fuerza, aparece una ventana directa al complejo militar-industrial global así cómo a la complicidad de los Estados occidentales en la violencia en Colombia. Acá mapeamos algunos de los productores principales que están armando al estado colombiano y a su Policía Nacional.
Usualmente en el mundo los contratos y materiales comprados para uso de la Policía versus el uso del Ejército son diferentes. Pero dado de que en Colombia la línea entre la policía y el ejército es muy fina – donde, distinto a otros países, la Policía también en Colombia es controlado por el Ministerio de Defensa – es importante tener en cuenta el panorama completo de compras militares y antidisturbios para entender de verdad las dinámicas internas y relaciones externas de la violencia de Colombia. Es decir, el panorama de la militarización de la sociedad colombiana.
Empezamos echando un vistazo a los productores latinoamericanos.
Según una investigación hecha por Cuestión Pública, desde 2017 hasta 2021 20 entidades del Estado colombiano suscribieron alrededor de 30 contratos y dos órdenes de compra de armas “menos” letales y equipamiento de control de multitudes por un valor de $45.684.261.058.
Detrás de estos contratos están siete empresas: tres colombianas, tres estadounidenses y una italiana. Hay evidencia que varios elementos comprados de cada empresa fueron usados en incidentes de violencia policial y fuerza excesiva contra los manifestantes y civiles por parte de la Policía Nacional y el ESMAD.
Además, según investigaciones armadas por la red mundial de Resistentes a la Guerra (WRI), tras lo ocurrido durante el paro nacional de 2021 así como durante paros anteriores (como el 21N del 2019), el Estado colombiano fue aumentando sus compras de armas y equipo “no letales” desde tres empresas más: una estadounidense, una colombiana y una brasileña.
Acá les contaremos de unas empresas principales.
Eagle Commercial S.A., Colombia
Eagle Comercial es una empresa Colombiana, registrada en Barranquilla. Durante los cinco años previos del paro de 2021 la empresa volvió a ser el único proveedor del “taser” – cartuchos eléctricos y armas de menor letalidad de disparo eléctrico. 25 de los 30 contratos investigados por Cuestión Pública durante este periodo adquirieron este mismo taser por un valor de $22.587.032.018 recursos públicos. Asimismo, entre 2017 y 2021 los patrimonios de Eagle Comercial aumentaron de $4.015.700.203 a $7.902.677.045.
7M Group S.A., Colombia
7M Group S.A. estaba a cargo de la venta de tanquetas a la Policía Nacional entre 2018 y 2020. En este periodo el estado adquirió un total de diez tanquetas blindadas a través de dos órdenes de compra armado con la 7M Group, por un valor de $15.801.500.000. Las ventas fueron justificadas “para garantizar la vida del personal uniformado que atiende casos de protesta social y orden público a nivel país” y “apoyar a los grupos de ESMAD, para el cumplimiento del procedimiento de manejo y control de disturbios.” Durante el paro de 2021, Cuestión Pública recopiló evidencia de varios casos de agresiones del ESMAD contra ciudadanos usando las tanquetas.
Se destaca que, el representante legal de 7M Group, Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, lleva alrededor de 20 años como empresario involucrado en la contratación estatal. Hace poco El Tiempo reveló que Manjerrés Cabezas ha sido acusado de “posibles actividades que violarían la libre competencia.” Asimismo, la empresa está mencionado en una investigación en la Policía administrada por la Procuraduría examinando el “presunto favorecimiento a dos firmas que supuestamente se han quedado con la mayoría de los contratos de compra de tanquetas y carros blindados, en las que ahora trabajan expolicías que antes se encargaban de los procesos de compra.”
Kobe, Colombia
Poseidón, un cañón de agua producido por la empresa colombiana llamada Kobe, fue grabado en varios videos y fotos por un grupo de derechos humanos de Medellín como parte del equipo de antidisturbios usado durante el paro de 2021. No está establecido que este cañón fue utilizado en los casos letales o de fuerza excesiva, ni está establecido el contrario. El uso de cañones de agua para dispersar a los protestantes durante las manifestaciones fue extenso, en particular por el ESMAD.
Históricamente los Estados Unidos han sido una de las principales proveedoras de armas (pequeñas, ligeras y grandes), apoyo y servicios militares y policiales. Naturalmente mucho de este apoyo tiene que ver con la guerra contra las drogas (según las narrativas formales). En el marco de esta relación bien militarizada, no es sorprendente que armamentos y equipos antidisturbios estadounidenses fueron excesivamente usados por la Policía Nacional y el ESMAD durante el paro de 2021.
Everytrade International Company, Safariland Group and Combined Systems Inc. fueron las suministradoras principales. Exportando granadas de aturdimiento y multimpacto, lanzadores de gas y varios tipos de cartuchos (gas, impulsores, multimpacto), Everytrade y Safariland firmaron contratos con entidades del estado colombiano por un valor de $5.888.388.600.
General Jorge Luis Vargas Valencia mostrando armas “menos letales” producidas por Defense Technology, otra empresa estadounidense propiedad de la empresa Safariland.
Combined Systems Inc., EE.UU.
Armas y equipo antidisturbios producidas por Combined Systems Inc. han sido utilizados en represión violenta de protestas en países a través de todo el mundo. En 2017 la Policía Nacional firmó contratos con la empresa por un valor de $745.232.400. Pero Colombia ha sido un gran comprador de Combined Systems hace muchos años, incluyendo contratos firmados por el Gobierno de Uribe en 2007.
Notablemente Venom, la arma más conocida por su daño y uso agresivo a lo largo de las protestas, fue vendida por esta empresa estadounidense.
Aparte de lanzar cartuchos de ruido, el Venom también lanza granadas de estruendo menos letales, granadas de gas lacrimógeno y balas de goma provocando grandes escenas de caos y pánico a lo largo del país. Cada lanzador tiene un costo estimado de $400 millones y constituye una de las herramientas preferidas por el ESMAD en su estrategias para dispersar manifestaciones. La arma llamó mucha atención dado el uso particular por parte del ESMAD quienes deliberadamente la lanzaron hacía las caras o otras partes críticas del cuerpo de los manifestantes de alcance corto así como largo.
Así funciona el costoso refuerzo de las tanquetas del Esmad. Vídeo: El Espectador
Entre 2017 y 2020 alrededor de 21 Estados europeos en total aprobaron licencias de exportación de armas al Estado colombiano por un valor de €53,794,417. Las ventas continuaron a lo largo de 2021 hasta hoy. Las 277 licencias tratan de todo, desde armas pequeñas, artillería y blindajes hasta barcos de guerra y dispositivos explosivos. La mayoría de licencias vendieron aviones militares, y el producto comprado al valor mayor (€15 millones) fue municiones. España fue el país que vendió más productos al estado colombiano durante estos años.
En 2017 la empresa italiana Benelli firmó un contrato de $613.845.540 vendiendo a la Policía Nacional colombiana 222 escopetas calibre 12.
Desde 2018 hasta 2021, Reino Unido aprobó 17 licencias de armas por un valor de £5,3 millones libra esterlina destinado a Colombia. De estas, las ventas más grandes fueron equipo de imagen, armas ligeras y equipo aéreo como drones.
Colombia ha sido anotado por el Estado británico como un mercado clave para las armas británicas desde hace varios años. Notablemente, representantes del Estado colombiano – incluyendo personal de las varias instancias policiales, militares y de seguridad – son visitantes frecuentes a las ferias de armas de Reino Unido. Las más grandes e importantes son DSEI y Security & Policing (Seguridad y Vigilancia Policial) donde los representantes de Colombia se encuentran con productores y vendedores, políticos y personal de seguridad de todo el mundo para explorar las más recientes innovaciones de vigilancia y seguridad militar y policial.
Hace poco, un medio britanico alternativo reveló una programa de apoyo entre la policía británica y colombiana, en cual cerca de nueve soldados de Reino Unido fueron a Colombia para entrenar la Policía Nacional hasta un mes antes del comienzo de las protestas en 2021. Por primera vez el Ministerio de Defensa admite la existencia del programa pero continúa rechazando divulgar la forma de apoyo. Asimismo durante el año 2020 oficiales militares colombianos asistieron en cinco cursos en Reino Unido, similar a una programa de cinco años y £2.3 millones donde cuadros especiales de la policía colombiana recibieron entrenamiento de la agencia nacional de crimen – una fuerza de orden britanico secreto.
Este recuento de dónde vienen las armas y el equipo de antidisturbios usados durante el paro nacional de 2021, sirve como un recordatorio de quienes se están lucrando – literalmente – de la represión violenta de las movilizaciones sociales en Colombia. También genera indignación saber que el Gobierno de Iván Duque afirmaba que era necesaria la reforma tributaria por falta de recursos, mientras este mismo gastaba millones y millones de pesos comprando armas y equipando a la Policía Nacional.
Como observó Cuestión Pública, por el mismo valor en el que firmó el Gobierno contratos con las siete empresas de armas por un valor de $45.684.261.058 hubiera podido comprar unas 1.030.039 vacunas de Pfizer.
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