Publicación: 17 de Mayo de 2021
Autoría: Aquileo Venganza
Una gran máquina se puso en marcha…
Desde el 21N sus engranajes comenzaron a juntarse y engrasarse.
Mira el especial EL PUEBLO NO SE RINDE CARAJO sobre el estallido social del 21N
Con las jornadas históricas del Paro Nacional del 28 de abril esa gran máquina demostró que está viva, porque respira, y si respirar es conspirar, como lo ilustraría Felix Guattari hablando de las tristemente célebres revoluciones moleculares, esa gran máquina estaba lista para manifestarse a través de la insatisfacción colectiva, el deseo de cambio, la información libre, entre muchas acciones de la ciudadanía para volverse constructora de su propia realidad.
Las cosas fueron cayendo por su propio precio. El mismo gabinete ministerial demostró un absurdo desconocimiento de las finanzas del día a día.
El manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional, además de ineficaz, ha sido indolente con la clase trabajadora, la cual luego de ver cómo miles de pequeños negocios iban a la quiebra con poco margen de error ante el sistema financiero y a merced de la pretendida solidaridad de los bancos, tuvo que aguantar una propuesta de reforma tributaria que ponía el costo de la inversión social y las exigencias del FMI sobre sus espaldas.
Pero como ya se mencionó antes, este gran motor de descontento social no surgió de la noche a la mañana y la COVID-19 solo vino a agudizar muchas problemáticas preexistentes.
Mucho de ello nos dice el vertiginoso aumento de los índices de pobreza en todo el país, el creciente desempleo, la reticencia a implementar el proceso de paz, el genocidio selectivo de más de 900 líderes sociales, solo desde el 2016 y el anuncio de una próxima reforma a la salud, que sigue demostrando el caracter clientelista y neoliberal de las propuestas de Duque.
Así mismo, la incapacidad de dialogar, las exenciones tributarias a los grandes capitales, el aumento del IVA a los productos más básicos de la alimentación cotidiana, eran ya realidades que estaban cocinándose desde la primera reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla y el presidente Duque (si, la de los tres días sin IVA), quienes se jactaban de una confianza esquizoide en el crecimiento de la economía, mientras en las calles la desaprobación se hacía más que fehaciente.
En ese marco de referencia no era extraño imaginarse que algo grande estaba por ocurrir, por eso no faltó quien intentara detenerlo.
Tan solo un día antes, el 27 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante una medida cautelar provisional intentó revocar el permiso dado a las movilizaciones en las diferentes ciudades del país. Una acción a todas luces inconstitucional, más aún si comprendemos el derecho a la protesta como aquel que permite exigir que se cumplan todos los demás derechos.
Todo esto sirvió como un mayor aliciente para la movilización.
El gobierno respondió con miedo ante su propio miedo y los policías salieron a criminalizar a las personas que buscaban expresar su descontento desde los barrios, las universidades y las vías, antes rebosantes de vehículos, ahora llenas de consignas y marchantes.
En el decimoquinto día de manifestaciones el reporte de Temblores ONG ha aumentado a más de 40 el número de homicidios cometidos por la fuerza pública, reportando 1956 casos de violencia policial desde el comienzo del paro, hechos entre los que se encuentran diversos casos de violencia sexual (12), agresión directa a los ojos (28), detenciones arbitrarias (1003), entre muchas otras situaciones que describen la acción desproporcionada de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.
Otra realidad no menos alarmante, es la cifra de personas desaparecidas en el marco de la protesta social. Al respecto, desde la campaña Defender La Libertad reportan, en su décimo boletín sobre el paro nacional 548 personas presuntamente desaparecidas, de las cuales solo 113 han sido encontradas.
Al cierre de esta nota todo el país sigue esperando y exigiendo respuestas por parte de la Policía Nacional, por las denuncias del abuso y violación en una URI de la ciudad de Popayán, que llevaron al suicidio a Alison Meléndez, quien se encontraba grabando las manifestaciones. También siguen en la impunidad diversos actos violentos contra manifestantes en la ciudad de Popayán cometidos en el marco de las protestas que se dieron tras estos lamentables hechos; defensores de DDHH. denunciaron el asesinato de Sebastián Quintero Múnera, de 22 años, quien era estudiante de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca (Unimayor), por el impacto de una granada lacrimógena lanzada por el ESMAD.
Cada uno de estos casos, más que una cifra roja que no hace sino aumentar, se han convertido en el estandarte de muchos manifestantes para oponerse a la represión policial y mostrarle al mundo que no se pueden normalizar los crímenes de estado.
Estos actos de infamia, han sido una enseñanza dolorosa para una sociedad apática y silenciosa ante la violencia. Es injusto calificar de mártires a las víctimas de quienes prefieren que impere la muerte, tampoco justificar el asesinato como supuesta acción de defensa a la propiedad privada.
*Seguimos esperando respuesta ante la inacción de la Policía Nacional frente a los casos de civiles armados que disparan contra manifestantes. Especial preocupación genera los múltiples abusos y atentados que sufrió la minga indígena y el CRIC en departamento del Valle del Cauca.
En Ciudad Bolívar hay una gran cantidad de huertas comunitarias, en las que lxs vecinxs se han unido para estar más cerca de la naturaleza, combatir la inseguridad alimentaria y crear opciones de ocio que aporten más a la vida.
El impuesto que plantea el gobierno de Petro a las bebidas azucaradas es necesario, pero con los cambios realizados las últimas semanas al articulado, cada vez más insuficiente para garantizar el derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuada.
Este jueves, el 28 de abril, se cumple un año del primer día del estallido social, cuya chispa fue la pretendida reforma tributaria de Iván Duque, y que suscitó debates sobre la justicia social, la violencia policial y los derechos humanos a lo largo del país.
Después que el proyecto urbanístico de Enrique Peñalosa pusiera en riesgo al humedal más grande de Bogotá la comunidad no pudo quedarse con los brazos cruzados. Esta es una historia de resistencia, frente a un inminente ecocidio.
Hoy la guerra en Ucrania lleva un mes, y se estima que hasta ahora mataron a alrededor de 600 ucranianos civiles, entre 2000 y 4000 fuerzas armadas ucranianas y hasta 10.000, si no aun más, soldados rusos.
En este momento frágil con la guerra total – todavía convencional – en marcha completa en Ucrania, retiramos unos pasos para echarnos un vistazo a unas causas subyacentes y la complicidad de los estados occidentales.
