Publicación: 17 de Agosto del 2021
Autoría: Indira Sierra y Alejandra Garzón
Largo fue el camino que recorrieron diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que Colombia contará con herramientas de atención y reparación para las miles de personas afectadas por el conflicto armado. Durante años, el discurso de la “guerra contra el terrorismo” reproducido por el gobierno colombiano de turno se instauro en la mente de los colombianos, lo que impidió el reconocimiento de cientos de víctimas por parte de distintos actores armados. De esta forma, la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue el primer paso para desvirtuar esta narrativa, además de aceptar la existencia de un conflicto armado interno en donde no habían unos buenos y unos malos.
Aunque esta ley suele atribuirse a la gestión del entonces presidente Juan Manuel Santos, Jorge Bernal, Politólogo y trabajador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y miembro del sindicato de dicha institución nos cuenta algo diferente:
Diez años después de su aprobación, la implementación de la Ley de Víctimas va a paso tortuga ya que en su camino ha encontrado diversos obstáculos económicos, sociales, políticos y hasta judiciales.
Uno de los componentes más importantes de la Ley de Víctimas son las disposiciones generales que brinda sobre la restitución de tierras. No es de sorprender que este punto sea también uno de los más difíciles de llevar a cabo en un país con cerca de ocho millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares. Por ejemplo, a la fecha se han presentado cientos de solicitudes de restitución correspondientes a 116.819 predios de los cuales solo 9.456 cuentan con una orden judicial de restitución o compensación, esto en el transcurso de diez años. Aunque los funcionarios pertenecientes a la Unidad de Restitución de Tierras han realizado su mejor esfuerzo, existen una serie de dificultades que ha impedido el avance de estos procesos.
A la falta de dinero se le suman las instancias administrativas que ralentizan la restitución, así como las disputas jurídicas en las que los actuales propietarios de las tierras, en algunos casos grandes empresarios y ganaderos, se oponen a la devolución de las tierras. Esta idea es compartida por Bernal para quien las trampas normativas y judiciales en muchos casos les dan una ventaja a quienes tienen el poder y la tierra por sobre las personas que se han visto afectadas por el desplazamiento, en su mayoría campesinos e indígenas.
A pesar de las trabas a nivel judicial y administrativo, en la actualidad el proceso de restitución de tierras presenta un reto aún más grande y es el de restituir tierras en un país que aún está en conflicto. Casos como el de la Comisión de Restitución de Tierras asesinada en el Meta reafirma el peligro que corren los reclamantes y los funcionarios públicos en medio de esta tarea. Sobre esto Bernal menciona los siguiente:
A la voz de Bernal se le suma la de la Mesa Nacional de Víctimas quienes comparten la preocupación en torno al lento avance de la restitución al mismo tiempo que cuestionan la forma en que se ha llevado a cabo la restitución: “aún no se ha podido implementar en muchas zonas por motivos de seguridad, que pone en riesgo a los líderes de restitución de tierras y no ha tenido en cuenta factores como las minas antipersonal y los minas antipersona y artefactos sin explotar”. Ante este panorama, la restitución de tierras podría tomar décadas sin tener en cuenta que día a día se siguen presentando desplazamientos a causa del conflicto armado que continúa.
En septiembre de 2020 Orlando Burgos, representante de la Mesa Nacional de Víctimas
mencionada en el evento de Colombia +20 de El Espectador el problema de desfinanciación de esta ley dado el cálculo equivocado sobre el número total de víctimas que se haría en el congreso a la hora de sancionarla hace ya 10 años. En el mencionado evento el contralor delegado para el posconflicto decía que los cálculos iniciales suponían tres y medio millones de víctimas y a 2020 se habían registrado casi 9 millones de personas en el registro único de víctimas.
Así las cosas, a pesar de que en enero de este año el presidente Duque sancionó la extensión de la ley por 10 años más, hasta 2031, queda la inquietud sobre si la financiación alcanzará para cumplir a cabalidad la reparación integral que consta de acceso a educación superior, indemnización administrativa, reparación colectiva, restitución de tierras, entre otras garantías y derechos para las personas que han vivido de manera más cercana y cruel este conflicto.
Para ilustrar el problema de desfinanciación encontramos cómo a inicio de año una vez prorrogada la ley, el director de la Unidad de víctimas comentaba en entrevista con El Espectador los retos de la financiación, sin embargo al final de la entrevista sugería la posibilidad de que las víctimas se “conformasen” con algunos de los mecanismos de reparación a los que acceden como derechos: Educación Superior y subsidios de vivienda, evadiendo por ejemplo la reparación administrativa, como lo mencionaba el mismo entrevistador esos son derechos con los que cuentan las víctimas, ganados por la ley, y decirles que estos cuentan como indemnización puede ser un debate y quizás una pugna donde lo que suceda pueda ser revictimizar y no cumplir con los ejes de la sancionada ley en justicia y reparación.
Jorge Bernal, funcionario consultado nos menciona claramente el sinsabor de la desfinanciación:
Asimismo, dentro de las múltiples recomendaciones del Séptimo informe sobre la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras presentado al congreso 2019-2020 por parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la ley (conformada por Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Mesa Nacional de Víctimas); se menciona en su primera sección sobre presupuesto está gráfica ilustrativa del desfase de presupuesto que fue planeado de acuerdo al CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012 y el presupuesto ejecutado. Como el mismo informe lo menciona esto se explica principalmente por el “crecimiento de cerca del 302% en el universo de víctimas y por el cambio en el costo unitario de algunas medidas de soporte del cálculo realizado inicialmente.”
La desfinanciación, va conectada con otra suerte de retos para la implementación de esta ley como el necesario diálogo entre el nivel nacional y las entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones, y otras como el fortalecimiento de los canales de atención y la capacidad de agendamiento de citas, de acuerdo con el mencionado informe “…de continuar con el ritmo actual, se requeriría de 79 años para agendar (citas para la indemnización administrativa.) el total de víctimas sujetos de reparación.”
Quizás es un deber como sociedad exigir al Estado o aportar a la financiación de esta ley, para contribuir a la finalización de un conflicto que no ha cesado. La financiación de otras maneras a esta ley significa prestar la atención para restablecer los derechos de más de 9 millones de víctimas del conflicto interno colombiano. En palabras de Jorge Bernal:
Ya hay personas que son reconocidas como víctimas del conflicto armado y deben tener las garantías de estas medidas.
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