Publicación: 04 de Abril de 2021
Autoría: Aquileo Venganza
Las cárceles y prisiones alrededor del mundo encubren una realidad contemporánea que se ha ido normalizando en la agenda mediática y también en la política: el estado de crisis estructural del sistema penitenciario representado en sus múltiples fallas al momento de reconocer a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos.
Los diversos esfuerzos políticos y jurídicos, que se espera estén dando los gobiernos alrededor del mundo para hacer frente a las problemáticas penitenciarias, parecen en Colombia una realidad ajena, por lo menos para quienes redactan y ejercen las normas.
Mientras se sigue ampliando la infraestructura y pretendiendo que se perfecciona el aparato de seguridad, las cárceles continúan llenándose a un ritmo exponencial, como correlato de una política estatal centrada en endurecer y aumentar penas, castigar la pobreza, criminalizar la protesta social y en negar cualquier oportunidad de vida digna a las personas que han sido privadas de la libertad.
Problemáticas como el visible hacinamiento, la precariedad en el acceso a la salud y la invisibilización de las necesidades básicas se han recrudecido desde el comienzo de las medidas por la pandemia de COVID-19, llegando a picos desmesurados como la masacre del 21 de Marzo en La Modelo de Bogotá, que terminó siendo considerada como consecuencia exclusiva de un plan orquestado desde las sombras (O desde Whatsapp como lo muestran las pruebas esgrimidas por la Fiscalía), por el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Cabría preguntarse, en uso del sentido común, si tal vez las condiciones de aglomeración inhumana, el estancamiento en procesos condenatorios, la falta de atención médica e incluso la corrupción histórica y las precariedades laborales en el INPEC, son todas también responsabilidad de alguna elaborada estrategia de desestabilización de la subversión.
Según Penal Reform International las mujeres (y niñas) constituyen entre el 2 y el 9% de la población en los centros de reclusión del mundo y sistemas como el colombiano han sido pensados a medida de los hombres, en razón de proporcionalidad. Las cárceles y prisiones además de desconocer de forma premeditada las necesidades básicas de las mujeres que están recluidas en ellas, son el resultado de una sociedad que jerarquiza la distribución de la riqueza y el acceso a los derechos fundamentales con base al género.
Entre 1991 y 2018 la población de mujeres privadas de la libertad creció en un 429% y el número de hombres internos 300%. Mientras que en el año 91 había 1500 mujeres privadas de la libertad, en el 2019 había 8198 según el INPEC. El hacinamiento en las cárceles de mujeres en el país llega a más del 105% en algunas regiones y existe además un fuerte déficit de personal para el manejo de estas prisiones.
En este marco de crisis y carencias, frente al cual la Corte Constitucional declaró -nuevamente- el estado inconstitucional de las cosas, se presentan vulneraciones ante muchas necesidades básicas de las mujeres privadas de la libertad, como por ejemplo el acceso a toallas higiénicas (las internas reciben un paquete para 4 meses) y el acompañamiento psicológico posterior al proceso de separación al que se ven enfrentadas cuando sus hijos superan los tres años de edad.
El alto índice de mujeres privadas de la libertad en Colombia por delitos relacionados con drogas nos dice mucho sobre la implementación de una política criminal que ha terminado atacando a los eslabones más vulnerables de las organizaciones delictivas en un afán resultadista y limitado.
Casi 5 de cada diez mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son madres cabeza de hogar. Muchas de ellas, como se ha recalcado en diversos estudios sobre el tema, son eslabones débiles en las estructuras delictivas, fácilmente reemplazables y recurren a economías ilegales debido a su condición de vulnerabilidad económica, amplificada en su rol de proveedoras y cuidadoras.
Saskia Sassen dice que la globalización y las políticas neoliberales han traído más allá de una feminización de la pobreza, una feminización de la supervivencia, en un panorama global en el que muchas mujeres se ven obligadas a subsistir en un mercado informal en el que predominan las economías ilegales.
De esta manera las mujeres privadas de la libertad terminan siendo consideradas como doblemente “desviadas”, tanto de la norma que criminaliza su conducta tanto, como de la sociedad, que le carga con el rol de madre encargada de los cuidados y el sostenimiento del hogar.
Pensar más allá del sistema penitenciario actual requiere necesariamente recurrir a alternativas al encarcelamiento que no produzcan las rupturas radicales que actualmente representa la privación de la libertad para muchas mujeres en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La propuesta es construir un enfoque de justicia restaurativa que fomente espacios en los que los diferentes actores trabajen juntos por la no repetición y la resocialización, atravesado por una clara perspectiva de género que permita reconocer los derechos de las mujeres dentro del sistema penal.
Revisar la proporcionalidad de las penas es también imperante en un sistema judicial caracterizado por el populismo punitivo y por un enfoque represivo en cuanto a la política de drogas. Un cambio en el sistema carcelario contemporáneo debe pasar por la constitución de una política de drogas más humana.
Se deben hacer mayores esfuerzos para la reinserción laboral de las mujeres privadas de la libertad y así mismo empoderar el trabajo de las internas en aras de estimular su independencia económica y productiva.
El Estado y sus instituciones están en la obligación de reconocer el carácter restaurativo de las condenas y así mismo promover las reformas necesarias para este fin.
En ese sentido el trabajo académico e investigativo realizado en Colombia sobre las condiciones de encarcelamiento y judicialización de las mujeres debe ser divulgado y discutido públicamente, dado que gracias al esfuerzo de quienes recopilan información, entrevistan y confrontan realidades es que se visibiliza y se pone en debate la normalización de las prisiones como centros de marginación y criminalización de la pobreza.
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