Publicación: 9 de Agosto del 2021
Autoría: Omar Pacheco
Desde el inicio del Estallido Social en Colombia el pasado 28 de Abril del 2021, han sido muchos los gritos por las personas desaparecidas, gritos de familiares, organizaciones de la sociedad civil y de manifestantes solidarios con esta causa de las desapariciones.
Sin embargo, no todos gritan, o si lo hacen, lo hacen con eufemismos, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que en vez de hablar de personas desaparecidas en el marco de las protestas, convenientemente y, posiblemente, con el ánimo de minimizar el efecto que produce el significado de las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado en ellos, prefieren nombrar a estas personas como no localizadas. Maniobra utilizada también por el Presidente Duque varias veces, como cuando refirió que las masacres no son masacres, sino homicidios selectivos.
Además de los eufemismos, al presentar las cifras sobre las desapariciones en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril, los números no concuerdan, entre otras, por lo que se ha llamado mediáticamente como la rebautización de las desapariciones forzadas. Tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo hablaron en su momento de 84 personas no localizadas (desaparecidas) y de 10 reportes por esa misma conducta. Por la misma línea, el Ministro de Defensa justificó el término ante la CIDH, según el informe entregado, mencionando que para hablar de desaparición forzada se tenían que cumplir cuatro condiciones: privar de la libertad a una persona; ocultarla; no dar información de su paradero; y sustraer a la persona del amparo de la ley.
De hecho, la vicefiscal Martha Mancera, en entrevista con El Tiempo, mencionó que jamás se podrían definir desapariciones forzadas sino hay información que permita decir que a esa persona la privaron de su libertad por cualquier medio y que la ocultaron, y que la persona que lo hizo no da respuesta del desaparecido o del sitio en el que se encuentra. Además agregó, nosotros activamos el Mecanismo de Búsqueda Urgente para ubicar a la persona viva o muerta, es decir, no se garantiza que luego de la investigación se pueda dar con los responsables del hecho.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil que han realizado el debido monitoreo durante las protestas, mostraron cifras superiores. La Mesa de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Estados Unidos, Europa, integrada por 23 organizaciones defensoras de los derechos humanos, reportó 327 casos de personas reportadas como desaparecidas. El 7 de mayo, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y Defensoría del Pueblo, señalaron un número aún más alto de desaparecidos: 548. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registró 346 casos de personas que estarían desaparecidas. Y la Campaña Defender la Libertad, con corte en el 27 de junio, reporta 75 personas desaparecidas, solamente en Bogotá y 3365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas en procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y/o tratos crueles e inhumanos, entre el 28 de abril y el 21 de julio.
Las cifras oficiales y las que tienen las organizaciones de la sociedad civil no compaginan, mientras las familias de las personas desaparecidas claman por respuestas, no una retórica discursiva amañada que pretende negar la gravedad de las desapariciones, en un país que se encuentra entre los 10 países con más desapariciones forzadas en el mundo, según la ONU.
La desaparición forzada es un crimen muy frecuente en Colombia y aunque instituciones del Estado quieran cambiar de forma autoritaria, quizá para entorpecer las investigaciones o prolongar la impunidad, es necesario hacer memoria frente a este flagelo. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, han sido 80.472 las víctimas por desaparición forzada entre 1958 y el 2018, y 120.000 desapariciones y desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado en Colombia, cifra dada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Durante el 2021, entre enero y abril, el reporte por desapariciones en el contexto del conflicto es de, en promedio, un reporte cada 3 días, 33 en los primeros meses del 2021, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los ríos en Colombia podrían contar con facilidad miles de historias ajusticiadas, acribilladas, desmembradas… por diferentes actores que participan de la sevicia de la violencia sin tregua. La historia dice que los cauces han transportado o sepultado cuerpos durante los años de conflicto armado, una práctica muy común, como la perpetración de masacres para el despojo de tierras.
La criminalización de la protesta y el uso irregular de la misionalidad de la Policía, la ha dotado para que antes de propender por la convivencia, sean la vanguardia de la represión. El trato indiscriminado y de enemigo interno ha propiciado un sin número de violaciones a los derechos humanos, de los que nadie asume la responsabilidad, ni jurídica, ni política, la impunidad es la eterna aliada del crimen.
A Brahian Gabriel Rojas López, según reportaron testigos y familiares a diferentes medios de comunicación, lo golpearon policías del ESMAD en el puente Francisco Jaramillo el 28 de abril en la Virginia (Risaralda), de donde fue obligado a arrojarse al Río Cauca, luego de ese hecho no se supo más, hasta el 3 de mayo, cinco días después de su desaparición, su cuerpo fue hallado flotando en Hidroituango, Antioquia, en el mismo río.
En Bogotá, la desidia de investigadores de la Sijín y la Fiscalía, y la lenta identificación en Medicina Legal de un cuerpo joven y delgado que apareció el 6 de junio en un canal de aguas de la Avenida Villavicencio, dejaron que la angustia corroerá la tranquilidad de la señora Dolores Barros por 37 días, en los que sin descanso buscó a su hijo, visto por última vez en el renombrado Portal de la Resistencia (Portal de las Américas). Testigos afirman que el sábado 5 de junio fue subido a un camión por agentes de la Policía, pero en la incesante búsqueda de Dolores, dicha institución no le dio respuesta de su paradero.
El cuerpo de Duvan fue encontrado en el caño las Margaritas, situado en la parte posterior al Portal de la Resistencia (Portal de las Américas), el 6 de junio, pero fue hasta el día siguiente que sacaron el cuerpo del lugar. Según Medicina Legal, por las condiciones del cuerpo no fue posible la identificación de forma inmediata. Agregaron funcionarios del Instituto, que fue por los cotejos dactilares que identificaron el cuerpo, 34 días después de su aparición, el 11 de julio de 2021.
Aunque la señora Dolores, madre de Duván, ya había ido a Medicina Legal, el instituto le habría informado que el cuerpo no correspondía al de su hijo, en ese entonces desaparecido.
La abogada Andrea Torres de la Fundación Nydia Erika Bautista, en entrevista con RCN la Radio, denunció que aunque la familia agotó todos los procedimientos en la denuncia, de activar y de indicar que su hijo estaba desaparecido… [en el momento que] nosotros hacemos la verificación y evidenciamos que a pesar de los reportes, no se había activado un mecanismo de búsqueda urgente, ni una investigación o ningún tipo de acción.
La abogada también señaló que la Fundación Nydia Erika Bautista envió varios derechos de petición para poder verificar la identificación del cuerpo nuevamente, con las indicaciones que la madre había expresado de algunos tatuajes y señas particulares de su hijo y agregó que solo al lograr el cotejo dactilar se puedo establecer que el cuerpo si pertenecía a Duván Barrios.
Otro caso denunciado por la Fundación Nidya Bautista fue el de Juan David Cuervo de 24 años, encontrado en el caño Yomasa, entre Bolonia y Compostela, de la localidad de Usme. El joven fue desaparecido forzadamente entre el 19 y 20 de junio. La Fundación denuncia que el mecanismo de Búsqueda Urgente no funcionó de forma eficaz.
Con Juan David, son dos los casos de jóvenes reportados como desaparecidos que aparecen muertos en Bogotá.
El domingo 11 de julio, se conoció otro hecho, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó sobre el hallazgo de Alquimedez Santana, reportado como desaparecido desde el 27 de mayo, manifestante activo del punto de resistencia de Cali conocido como el Puente de las Mil Luchas.
Alquimedez, duró más de 40 días desaparecido, desde 2002, participó en procesos organizativos de los sin techo, exigiendo ser reconocidos con derechos en el sector conocido como La Laguna y El Pondaje, menciona la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en su comunicación.
Sin más remedio, la verificación que argumenta la desaparición forzada tiene que apoyarse en la frialdad de la estadística, efecto cuantitativo, que tal vez sin desearlo, no expresa la angustia, el dolor, el vacío, la incertidumbre que no tiene medidas ni números sino atmósferas de pesadilla colectiva, las huellas sin paso del que salió sin regreso. Del que se llevaron*.
Es imprescindible no dejar de protestar, de resistir, de interpelar al Estado, a sus victimarios, por los que no están, por hombres y mujeres desaparecidos*.
Exigimos justicia para Duvan Barros, Juan David Cuervo, Alquimedez Satana, Brahian Gabriel Rojas López, y para todas las personas desaparecidas y asesinadas durante el Estallido Social y el conflicto armado en Colombia, este país no puede seguir siendo un cúmulo de tierra que entierre a sus ciudadanos muertos y dejando desaparecidos con la complacencia del Estado y en favor de las elites.
*Tomado de la Cartografía del olvido, prólogo de Juan Manuel Roca para la investigación, Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado, un trabajo colectivo coordinado por Fidel Mingorance y Erik Arellana Bautista.
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